Senado lanza campaña contra la obesidad

En un punto de acuerdo, los legisladores del PRI, PRD, PAN, PT y una independiente señalaron que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla dicho fondo, el cual deberá contar con un Comité de Expertos.

El objetivo del comité será diseñar e implementar reglas de operación para garantizar el uso cabal de los recursos destinados al Fondo, así como la evaluación de impacto, según el documento presentado por los legisladores.

Se conformará por las instancias de gobierno involucradas en el tema, como las secretarías de Hacienda, de Salud y de Educación, así como por un grupo de expertos en salud pública y sin conflicto de interés, así como con experiencia en el sector público, social y académico.

En el punto de acuerdo que se envió a comisiones para su dictaminación, se exhorta a las secretarías mencionadas a que asignen los recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS) por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica.

Plantearon que una parte de esos recursos se debería dirigir a programas sociales, educativos y de salud que ayuden a combatir la obesidad, el sobrepeso, y la diabetes, así como para el acceso y disponibilidad al agua potable en escuelas, espacios públicos y zonas rurales.

Sugirieron que destinarlos al fondo señalado para realizar programas de infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos del país, al diseño e implementación de programas sociales, educativos y de salud, dirigidos a combatir el sedentarismo, obesidad y sobrepeso.

Así como las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de estas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Los legisladores señalaron que los niveles de sobrepeso y obesidad en México son alarmantes y mortales, por lo que urgieron a implementar políticas públicas que contribuyan a disminuir su prevalencia.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado para su análisis y dictaminación.