La adecuada regulación del outsorcing facilitará que América del Norte se consolide como la principal región comercial del mundo, dijo Larry Rubin, presidente de The American Society Of México.

Esta semana se reanudan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada, el sector laboral y el Gobierno, para llegar a consensos en materia de subcontratación. Hay que recordar que se pospuso la aprobación de la iniciativa sobre este esquema enviada el año pasado por el presidente López Obrador, a la Cámara de Diputados.

Los representantes de Estados Unidos del Partido Repúblicano, Larry Rubin, y del Partido Demócrata, Grincha Raether, advierten que la eliminación de la subcontratación, como lo plantea el Ejecutivo Federal, traerá graves consecuencias para la economía mexicana.

La iniciativa que impulsó el Ejecutivo Federal en materia de outsourcing será aprobada y aparentemente solo se le harán pequeñas modificaciones que no alterarán el núcleo de la propuesta: terminar con la subcontratación, permitiendo solamente la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación.

Quienes ya marcaron su distancia con la iniciativa de subcontratación del Presidente López Obrador, enviada al Congreso, es el gremio de los abogados. Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, dijo que resulta “inviable” desaparecer esta figura, ya que en plena pandemia del Covid-19 aniquilará, “de un plumazo”, millones de empleos”.

En materia de subcontratación de personal, la iniciativa que ha sido enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados atenta gravemente contra el empleo y la economía debido a que no está dirigida únicamente contra quienes cometen malas prácticas laborales, sino que también pone en entredicho millones el trabajo formal.

El Congreso se dispone a aprobar la iniciativa en materia de subcontratación, sin el mínimo análisis del impacto que generará en sectores estratégicos de producción. La Iniciativa Privada advierte una crisis de desempleo y freno económico.

La propuesta de Ley para modificar la legislación en materia de subcontratación desalienta las inversiones y la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.