Ley de outsourcing noqueará la inversión

“Esto significa que las empresas no podrán subcontratar personal para actividades que formen parte de su objeto social, aun cuando la empresa de outsourcing cumpla plenamente con sus responsabilidades laborales y fiscales”, anticipó TallentiaMX, que encabeza Elías Micha.

Te puede interesar. Abogados cuestiona Ley de Subcontratación. Revista FactorRH - Abogados cuestionan ley de subcontratación

De esta manera, México se convertiría en uno de los pocos países del mundo en que el outsourcing está prohibido. Ello, desincentivará la inversión y sufrirán graves consecuencias todos los sectores económicos, sobre todo los que forman parte de cadenas productivas internacionales en las que se utiliza intensivamente la tercerización como un vehículo para contratar de manera legal personal capacitado.

“Sin duda alguna, los más afectados serán los trabajadores, ya que, según estimaciones de TallentiaMX, en el país hay alrededor de 5 millones de trabajadores tercerizados, repartidos en empresas de todos los tamaños y en todas las actividades económicas (manufactura, comercio, servicios, entre otras). Muchas de estas personas o bien perderán su empleo o lo seguirán realizando en la informalidad, esto es, sin seguridad social y precarizadas”, dijo en su boletín semanal.

No está de más recordar que la tercerización combate la precarización (puesto que ofrece empleos formales con pagos promedio de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año), aumenta la productividad, reduce la informalidad laboral (en los subsectores de alta subcontratación, la informalidad ha caído del 33% al 22%) y ofrece una fuente de ingresos a sectores vulnerables, es decir, a las mujeres, a las madres solteras, a los jóvenes y a las personas con capacidades diferentes.

Otra de las grandes incógnitas es qué sucedería con los trabajadores del gobierno que son subcontratados (alrededor de 500 mil), sobre todo, ahora, cuando ya fue aprobado un Presupuesto de Egresos de la Federación que no contempla integrarlos a la estructura del sector público, dejándolos sin empleo y comprometiendo a los servicios públicos.

Complementariamente, pese a que se podrían aumentar los plazos de cumplimiento de los cambios normativos, el tiempo para hacer una modificación laboral tan profunda como la prohibición de la subcontratación seguiría siendo insuficiente, para terminar con un modelo que abraza a alrededor de un tercio del empleo registrado ante el Seguro Social.

Todo esto se da, además, en el contexto de la crisis económica y laboral causada por el coronavirus, la cual, debido al desempleo y contracción del PIB, pone al país en una situación sin precedentes, en un abismo del cual no sabemos si será posible salir.