Golpe a la inversión y empleo, con la nueva ley de outsourcing

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advierten que se trata de una regulación altamente restrictiva que tendrá efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían fuentes de trabajo, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

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Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, la subcontratación ayuda a crear y administrar puestos de trabajo formales, sobre todo en estos tiempos en que, a causa del Covid-19, cuando menos un millón de mexicanos se quedó sin empleo.

“Por ello, 34.4% de los trabajos registrados ante el IMSS son subcontratados, los cuales constituyeron en 2018 el 25.5% del personal ocupado. Además, en los subsectores de alta subcontratación, se ha reducido la informalidad del 33% al 22 por ciento”, afirmó la organización de Telento Humano.

“Cuando se apega al marco legal y se hace cumplir la ley, la subcontratación garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Con una regulación y control adecuados, es una figura útil y respetuosa de los derechos, que se tiliza en todo el mundo, y que debe continuar existiendo en la legislación mexicana, para fortalecer el mercado laboral y la competitividad”, expuso el CCE, que preside Carlos Salazar.

Hay que destacar que la figura de la subcontratación permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata. Con la legislación actual, los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que resguardan su salud, su patrimonio, fomentan su desarrollo profesional y les dan seguridad en el empleo.

La Coparmex advierte que la iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

Además, la regulación propuesta para los llamados “servicios especializados o ejecución de obras especializadas”, esto es, para que también proceda la deducibilidad de sus pagos y el acreditamiento del IVA respectivo, resulta excesivamente burocrática y traslada obligaciones a los contribuyentes que corresponden originalmente al gobierno, como vigilar que terceros cumplan con sus obligaciones fiscales.