Con las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicadas el pasado 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), México se posiciona como el quinto país de América en prohibir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta, como medida de salud pública.

El 2022 fue un año positivo para el control y regulaciones contra el consumo de cigarros; sin embargo, a casi un año de que se aprobara la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco no se ha publicado el reglamento de la ley debido a que está detenido en un proceso administrativo en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil pidieron a esta dependencia agilizar el proceso.

Organizaciones de la sociedad civil en México hicieron un llamado al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere un aumento al gravamen al impuesto, que mata anualmente a más de 63 mil personas al año y significa un gasto cuatro veces mayor de lo que se recauda fiscalmente.

El paquete económico para 2023 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 8 de septiembre, no está considerando aumentos de impuestos bajo el argumento de dar certidumbre a los empresarios.

Ciudadanos (población en general) aceptaron el impuesto al tabaco en el país, revela la Encuesta Nacional sobre el Aumento de Impuesto al Tabaco, presentada por Dinamia, en conferencia de prensa.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), advierte sobre un escrito que falsamente se atribuye a esta autoridad circulando en Sinaloa, con el cual se pretendía hacer creer que está permitida una violación al Reglamento del Control de Tabaco.

Organizaciones civiles presentaron un documento para legisladoras y legisladores que tiene como finalidad contrarrestar el conflicto de interés en el poder legislativo, en materia de control de tabaco.

En 2021, Salud Justa MX enfrentó dificultades en la incidencia para el avance de políticas nacionales, especialmente por la interferencia de las industrias tabacalera y de alimentos. Sin embargo, a diferencia de otros años donde los intereses económicos se sobrepusieron a los intereses de salud pública.