Aprueba Consejo del IMSS Unidad de Derechos Humanos

En sesión ordinaria, los representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental también aprobaron por unanimidad la propuesta del director general del IMSS, Zoé Robledo, para nombrar como titular de esta Unidad a la maestra Marcela Velázquez Bolio, quien fungió como coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos del Instituto.

Zoé Robledo afirmó que, como organización e institución de seguridad social, el IMSS debe velar por los derechos humanos de la derechohabiencia y de sus propios trabajadores mediante un cambio en la cultura organizacional.

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“Por eso era fundamental contar con un espacio desde el cual se realicen planes, objetivos, evaluaciones y dar seguimiento a estos temas, sobre todo con un enfoque de carácter preventivo y proactivo”, resaltó.

El director general destacó que desde el inicio de su administración se ha impulsado una institución garantista para verificar que la atención médica cumpla en términos de calidad y tiempos de espera aceptables, así como en el acceso efectivo a la seguridad social y a la salud.

Dijo que la creación de la Unidad de Derechos Humanos es un primer paso “que permite mandar una señal, hacia dentro y hacia fuera, de que el Seguro Social valida, observa y atiende la reforma al artículo primero Constitucional, y simultáneamente optimiza recursos, esfuerzos y espacios interinstitucionales con una estructura que no nos cuesta, como lo hicimos con la Unidad de Transparencia e Integridad”.

Por su parte, el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, destacó que el proyecto fue ampliamente tratado en reuniones con los consejeros representantes del sector obrero y patronal, tras lo cual se fortaleció gracias a las observaciones surgidas.

Señaló que mediante esta Unidad se busca tomar acciones con una visión y enfoque de derechos humanos preventivas que garanticen el derecho constitucional a la salud y la seguridad social.

Detalló que la Unidad diseñará e implementará una política institucional que optimice los recursos humanos, financieros y tecnológicos en la consolidación de una cultura de derechos humanos preventiva; estará adscrita a la Dirección Jurídica y se conformará por áreas administrativas ya existentes, así como otras de la Dirección de Evaluación y Operación, y de Prestaciones Económicas y Sociales.