El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo prevenibles asociado a diversas consecuencias físicas y psicológicas, también se liga estrechamente a problemas sociales como la violencia de género, el desarrollo de enfermedades crónicas, incluidos los trastornos mentales.

Organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de siniestros viales presentaron propuestas para agilizar el proceso legislativo con una efectiva participación ciudadana en pro de la seguridad vial.

Luego de la presentación del estudio “Cigarros ilegales y crimen organizado”, de los investigadores del Colegio de México (Colmex), Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán Vargas, representantes de la sociedad civil señalaron la necesidad de considerar la perspectiva de salud pública en el análisis del tema para impedir que la industria tabacalera infiera interpretaciones falaces que convengan a sus intereses.

En México, menos de un tercio de los escolares de 10 a 14 años realizan 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa; además ocho de cada 10 pasa más de dos horas al día frente a pantallas y menos de 40% duermen entre nueve y 11 horas diarias.

Adherentes a la Coalición México Salud-Hable enviaron sus propuestas para que el Plan Nacional de Desarrollo incluya políticas públicas sobre prevención y control del alcohol y el tabaco, ya que constituyen serios factores de riesgo que detonan enfermedades no transmisibles: cardiovasculares, diabetes, cáncer, cerebrovasculares y respiratorias crónicas, principalmente.

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedirle que incluya las siguientes propuestas clave en materia de movilidad y seguridad vial en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND).

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil piden a las Ministras y los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación privilegien el derecho a la salud en los amparos interpuestos en contra de los ambientes libres de humo de tabaco y emisiones, en la contradicción de criterios que está próxima a resolverse.

Luego de que ayer se aprobara con mayoría calificada la reforma constitucional a los artículos 4° y 5° que prohíbe las actividades relacionadas con los vapeadores, cigarros electrónicos y demás sistemas o dispositivos análogos, representantes de organizaciones de la sociedad civil celebraron esta resolución debido a que prioriza el derecho a la salud al privilegiar la protección de la población, en especial de niñas, niños y adolescentes.