11 entidades incumplen leyes de movilidad

En conferencia de prensa, representantes de la Coalición Movilidad Segura hablaron sobre los pendientes urgentes en materia de seguridad vial, una deuda que sigue costando vidas y reproduciendo desigualdades en nuestro país:

La agenda de la seguridad vial sigue siendo una urgencia desatendida que cobra la vida de alrededor de 16 mil mexicanas y mexicanos año tras año, quienes fallecen a causa de siniestros de tránsito que son prevenibles. A dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y cinco de la reforma constitucional, aún observamos a gobiernos mexicanos que omiten cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la movilidad segura. 

También puedes leer. Llaman a agilizar la ley de movilidad. https://revistafactorrh.com/bienestar-24-horas/item/13092-llaman-a-agilizar-ley-de-movilidad-de-la-ciudad-de-mexico

Es inadmisible que, a pesar del mandato de mayo de 2022, 11 congresos locales aún no han cumplido con la armonización de sus leyes estatales para estar acordes a la LGMSV. 

Las entidades que aún no han atendido esta responsabilidad prioritaria para salvar vidas son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, cuyos congresos tienen un atraso de más de dos años. 

"La armonización legislativa no es un trámite burocrático; es la base para que todos los órdenes de gobierno asuman con responsabilidad la construcción de entornos seguros para la vida. Mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la Ley General, seguirá existiendo un vacío que permite omisiones y deja en la indefensión a millones de personas.

“La situación contraviene el espíritu de justicia y de transformación que guía nuestra vida pública. Los delegados y delegadas de las 11 entidades faltantes llamamos a los congresos y a los gobernadores, así como a la jefa de gobierno de la CDMX a que #ArmonicemosYA para salvar vidas", dijo Erick Antonio Ochoa de Salud Justa Mx.

"El uso de la motocicleta está creciendo rápidamente en todo el país y los siniestros viales que afectan a sus usuarios están convirtiéndose en una verdadera crisis de salud pública en México, tanto en zonas urbanas como rurales.

“Este fenómeno, que ya impacta de manera directa en los sistemas de salud, en las familias y en la economía del país, se está profundizando sobre vacíos legales, limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales que han sido toleradas por años. Es urgente que se atienda a este problema desde la regulación y de forma integral", señaló Valentina Ochoa de Global Health Advocacy Incubator, quien llamó a los tres niveles de gobierno a actuar con responsabilidad para proteger la vida de quienes se desplazan diariamente en motocicleta.

El uso de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y monopatines eléctricos, ha crecido de forma significativa en zonas urbanas y periféricas. Sin embargo, esta transformación en la movilidad enfrenta una falta de regulación clara, lo que expone a quienes se desplazan de esta forma y a los usuarios de la vía a riesgos innecesarios. "Es momento de establecer un marco normativo que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte, priorizando la equidad territorial y la movilidad del cuidado", sostuvo Areli Carreón de Bicitekas, A.C.

A pesar del alto riesgo que implican los siniestros viales, en diversas entidades una parte importante del parque vehicular, incluyendo automóviles particulares, motocicletas y unidades de transporte público, circula sin seguro por daños a terceros.

Esta omisión agrava el impacto económico y social de los siniestros, especialmente para las familias de menores ingresos y para los servicios públicos de salud.

"Es urgente garantizar el cumplimiento efectivo del seguro obligatorio en todo el país, como una medida de justicia social y de protección integral para víctimas, instituciones y comunidades", sostuvo Armando Pliego de Céntrico.

“En muchos estados del país, los servicios de atención prehospitalaria son inexistentes o insuficientes, lo que significa que una persona lesionada en un siniestro vial puede tardar horas en recibir atención médica, reduciendo drásticamente sus posibilidades de sobrevivir. No puede haber justicia social sin un sistema de emergencia que responda con eficacia y dignidad ante una urgencia", indicó Alma Chávez Guth de VIVIAC, A.C y presidenta de FICVI.